Regularizar las ampliaciones de viviendas sociales: un desafío pendiente para Chile

En Chile, el acceso a la vivienda constituye uno de los desafíos sociales más relevantes de las últimas décadas. Sin embargo, existe una dimensión de esta problemática que requiere mayor atención pública: la situación de miles de familias que, habiendo accedido a una vivienda social,…

En Chile, el acceso a la vivienda constituye uno de los desafíos sociales más relevantes de las últimas décadas. Sin embargo, existe una dimensión de esta problemática que requiere mayor atención pública: la situación de miles de familias que, habiendo accedido a una vivienda social, han debido ampliarla o modificarla con el paso del tiempo y hoy enfrentan dificultades para regularizar esas obras ante las Direcciones de Obras Municipales.

Las viviendas evolucionan junto con las familias que las habitan. Lo que en un comienzo fue una solución habitacional para un grupo familiar puede resultar insuficiente años después, cuando nacen nuevos integrantes, los hijos crecen, personas mayores requieren espacios adecuados o las necesidades económicas llevan a destinar parte de la vivienda a una actividad productiva. En muchos casos, las ampliaciones surgen como una respuesta legítima a estas nuevas realidades, pero no siempre se ejecutan con los permisos correspondientes ni cuentan con recepción definitiva.

El problema de las ampliaciones sin regularizar debe comprenderse en el contexto más amplio de la situación habitacional del país. Chile enfrenta desafíos relacionados con el déficit de viviendas, la asequibilidad, el hacinamiento y la necesidad de mejorar las condiciones de habitabilidad de los hogares existentes. En este escenario, la ampliación progresiva de las viviendas sociales se ha convertido, para muchas familias, en una forma de responder a necesidades que cambian con el tiempo.

No obstante, cuando estas intervenciones se realizan sin asesoría técnica suficiente, pueden generar problemas que se acumulan durante años: superficies construidas que no coinciden con los antecedentes aprobados, incumplimientos de distanciamientos o normas urbanísticas, falta de antecedentes técnicos y dificultades para determinar si las obras cumplen con las condiciones de seguridad y habitabilidad exigibles.

Las consecuencias pueden ser significativas. La falta de regularización puede dificultar determinadas operaciones de compraventa, tasaciones, trámites de financiamiento y futuras intervenciones en el inmueble. Además, cuando existen deficiencias constructivas, es posible que se comprometa la seguridad de sus ocupantes. La magnitud de estas consecuencias depende de las características de cada vivienda y de la situación jurídica y técnica de sus ampliaciones.

Fuente: Biobiochile