El “Plan Nacional de Reconstrucción” de Chile: un regalo fiscal para los ricos, disfrazado de ayuda para víctimas de desastres

El presidente José Antonio Kast promulgó la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social el 9 de octubre, completando así el proceso legislativo que comenzó cuando se presentó el proyecto de ley en abril y fue aprobado por el Congreso en agosto. Las…

El presidente José Antonio Kast promulgó la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social el 9 de octubre, completando así el proceso legislativo que comenzó cuando se presentó el proyecto de ley en abril y fue aprobado por el Congreso en agosto. Las primeras disposiciones entrarán en vigor el 1 de noviembre. El gobierno ha promovido esta ley como la pieza central de su programa para “poner a Chile de nuevo de pie”. En realidad, se trata de un fraude por dos motivos: sus disposiciones de “reconstrucción” son una miseria que dejará a la abrumadora mayoría de las víctimas del desastre sin hogar durante los próximos años, mientras que su contenido central es un programa de amplia envergadura de recortes de impuestos para las corporaciones y los ricos que entrará en vigor en 2027.

El World Socialist Web Site ha documentado el verdadero carácter de esta legislación desde que se dio a conocer por primera vez. Como escribimos en julio, el paquete constituye la reestructuración más ambiciosa de la relación del Estado chileno con el capital desde la dictadura de Pinochet, un “Chicago Boys 2.0” que restablece el sistema tributario totalmente integrado de la dictadura, recorta drásticamente la tasa del impuesto a las empresas y exime a los inversionistas de la rendición de cuentas democrática por hasta dos décadas.

Las disposiciones tributarias, que comenzarán a surtir efecto en 2027, son el corazón del proyecto de ley. El impuesto a las empresas de Primera Categoría bajará del 27 por ciento al 25,5 por ciento en 2027, al 24 por ciento en 2028 y al 23 por ciento en 2029, la primera reducción desde 1990. La integración total del sistema tributario permitirá a los propietarios de grandes corporaciones deducir los pagos de impuestos de sus empresas de sus impuestos sobre la renta personal, eliminando de hecho la doble imposición sobre las utilidades distribuidas. Una amnistía para la repatriación de capital permitirá a los evasores fiscales regularizar el patrimonio oculto en el extranjero a una tasa única de entre el 7 y el 10 por ciento. Un mecanismo de estabilidad fiscal, inspirado directamente en el Decreto Ley 600 de Pinochet, congelará la carga tributaria de los grandes proyectos de inversión durante 10, 15 o 20 años. Una exención de 12 meses del Impuesto al Valor Agregado sobre las viviendas nuevas es un rescate directo para las empresas constructoras que tienen un inventario de 100.000 unidades sin vender. Y una exención del impuesto a la propiedad para los propietarios mayores de 65 años, sin importar sus ingresos o el valor de la propiedad, es un regalo regresivo para las personas mayores adineradas.

La palabra “reconstrucción” se incluyó en este proyecto de ley para disimular su verdadero propósito. El sustantivo se refiere al Fondo Transitorio de Emergencia por Incendios, que financia viviendas para las víctimas de los catastróficos incendios forestales ocurridos en Valparaíso en febrero de 2024 y en las regiones del sur de Ñuble y Biobío en enero de 2026. La ley prorroga este fondo hasta diciembre de 2028 y lo aumenta de 800 mil millones a 1,2 billones de pesos chilenos (aproximadamente US$1,2 mil millones). Las sumas son miserables y cubren solo una fracción de las necesidades.

El megaincendio de Valparaíso, ocurrido del 2 al 3 de febrero de 2024, fue uno de los peores desastres en la historia del país. Causó la muerte de 138 personas y destruyó 5.186 viviendas, dejando a miles de familias sin hogar. Los incendios de enero de 2026 en Ñuble y Biobío causaron la muerte de 20 personas y destruyeron 4.547 viviendas, la gran mayoría en comunidades de clase trabajadora como Penco, Tomé y Ránquil.

Fuente: Wsws